Sentencia I2203014TM

Qué se discutió y cómo terminó

El contribuyente, una empresa de seguridad, fue fiscalizado por IVA, resultando en un ajuste por no declarar operaciones y por clasificar erróneamente como exportaciones (tasa 0%) los servicios prestados a empresas en Zonas Francas. El Tribunal de Apelaciones confirmó que dichos servicios son operaciones locales gravadas al 13%, ya que se consumen en el país y no son parte de la actividad incentivada. Sin embargo, el Tribunal modificó la resolución para reducir las multas, ya que la DGII, tras aceptar parcialmente los créditos fiscales del contribuyente, no recalculó las sanciones sobre la nueva base imponible reducida.

Montos en disputa

1. Confirmado 1 · La DGII defendió la legalidad del procedimiento, argumentando que el Subdirector de Fiscalización estaba facultado para emitir el auto de audiencia y apertura a pruebas. Sostuvo que esta facultad fue delegada mediante acuerdos internos para agilizar los procesos, lo cual es una delegación de firma permitida por la Ley Orgánica de la DGII y no una transferencia de competencia. Art. 186
2. Confirmado 2 · La DGII sostuvo que los servicios de seguridad prestados a empresas en Zonas Francas no califican como exportación. Argumentó que los servicios se utilizan y consumen íntegramente en territorio nacional y los destinatarios están domiciliados en el país, incumpliendo los requisitos del artículo 74 de la Ley de IVA para ser considerados exportación y aplicar la tasa del 0%. Art. 74
3. Revocado 3 · La DGII calculó la multa por evasión intencional sobre el monto de impuesto determinado originalmente en el informe de auditoría. Argumentó que el ajuste posterior del impuesto, debido a la presentación de pruebas por parte del contribuyente, no modifica la base de la sanción ya configurada, citando el artículo 261 del Código Tributario. Art. 254
4. Confirmado 4 · La DGII impuso la multa porque el contribuyente no proporcionó la totalidad de la información solicitada durante la fiscalización dentro de los plazos concedidos. La información faltante incluía libros contables legalizados y otros documentos de soporte, lo que constituye un incumplimiento a la obligación formal del artículo 126 del Código Tributario. Art. 126
5. Confirmado 5 · La DGII objetó inicialmente la totalidad de los créditos fiscales por falta de documentación de soporte y registros contables. Tras la presentación de pruebas en la etapa de audiencia, aceptó la mayor parte, pero mantuvo el rechazo de una porción ($159.74) por no estar debidamente documentada ni registrada en la contabilidad. Art. 65