Sentencia R2305010T

Qué se discutió y cómo terminó

El contribuyente apeló la resolución de la DGII que objetó costos y gastos del Impuesto sobre la Renta por falta de documentación idónea y por no ser indispensables para la actividad económica. El Tribunal modificó parcialmente la resolución, aceptando algunas deducciones donde el contribuyente logró probar la operación con registros contables y facturas, pero mantuvo la mayoría de las objeciones por no cumplir con los requisitos legales de respaldo documental y necesidad del gasto.

Montos en disputa

1. Confirmado 1 · La DGII defendió la validez de sus notificaciones, argumentando que se realizaron en el domicilio señalado por el contribuyente y, al no encontrar al representante legal o apoderado, se entregaron a un empleado de la sociedad, cumpliendo con el orden de prelación. Sostuvo que el acto cumplió su finalidad, ya que la sociedad tuvo conocimiento del proceso y ejerció su derecho de defensa. Art. 165
2. Parcial 2 · La DGII objetó USD $53,480.96 en costos por servicios de financiamiento por no estar respaldados con documentación idónea (Comprobante de Crédito Fiscal o Factura), sino con recibos internos del banco y correos electrónicos. Aunque la contribuyente presentó pruebas, la DGII mantuvo la objeción sobre la mayor parte del monto.
3. Confirmado 3 · La DGII objetó USD $17,886.81 en gastos de administración (atención al personal, alimentación, celebraciones, ayudas, etc.) por considerar que la contribuyente no demostró que fueran necesarios e indispensables para la generación de renta gravada o la conservación de la fuente. Art. 28
4. Confirmado 4 · La DGII objetó USD $16,672.96 en gastos por viáticos, representación y donaciones, argumentando que no estaban respaldados por documentos idóneos. Los soportes eran recibos simples o 'Comprobantes de Compra a Sujeto Excluido' que no cumplían con los requisitos legales, como la autorización de imprenta. Art. 119
5. Parcial 5 · La DGII objetó USD $116,580.23 en gastos financieros por intereses y comisiones, al considerar que estaban soportados por documentos no idóneos como estados de cuenta, correos o comprobantes internos de los bancos, en lugar de Comprobantes de Crédito Fiscal o Facturas.