Sentencia R2106008TM

Qué se discutió y cómo terminó

Una empresa constructora apeló la determinación de Impuesto sobre la Renta y una multa impuesta por la DGII, debido al rechazo de costos por más de $650,000. Las objeciones se basaron en la falta de prueba de la existencia de operaciones con proveedores no localizados, el incumplimiento del requisito de pago bancarizado y la omisión de retenciones sociales. El Tribunal modificó parcialmente la resolución, aceptando una deducción de $13,000 por costos que fueron debidamente documentados en la etapa de apelación, pero confirmó la mayoría de los hallazgos de la DGII y la sanción correspondiente.

Montos en disputa

1. Confirmado 1 · La DGII objetó costos por $534,781.85 por adquisición de materiales y servicios, argumentando que no se comprobó la existencia efectiva de las operaciones. Tras realizar compulsas, la DGII no pudo localizar a los cinco proveedores, sus representantes legales o establecimientos, y constató que no tenían empleados registrados ni vehículos, concluyendo que las empresas eran inexistentes.
2. Confirmado 2 · La DGII señaló que, adicionalmente a la inexistencia de la operación, costos por $422,169.50 eran no deducibles por no haberse pagado mediante cheque, transferencia bancaria o tarjeta. Estos pagos superaban los umbrales legales (25 salarios mínimos por operación o 58 en 10 días al mismo proveedor) que obligan a la bancarización.
3. Confirmado 3 · La DGII objetó costos por $57,290.31 en concepto de sueldos y servicios de supervisión, debido a que el contribuyente no efectuó ni enteró las retenciones de seguridad social (ISSS) y previsionales (AFP). La DGII consideró que existía una relación de dependencia laboral por la permanencia y constancia de los pagos, lo que hacía obligatorias dichas retenciones.
4. Revocado 4 · La DGII objetó $13,000 en costos de supervisión por estar respaldados con recibos simples en lugar de Comprobantes de Crédito Fiscal (CCF), a pesar de que los proveedores estaban inscritos como contribuyentes de IVA. La DGII mantuvo la objeción incluso después de que el contribuyente presentara los CCF, argumentando que fueron obtenidos y presentados tardíamente.
5. Confirmado 5 · La DGII sostuvo que el plazo de caducidad aplicable no es el de 9 meses de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), sino el de 3 años establecido en el Código Tributario para la materia fiscal. Argumentó que el procedimiento se inició y concluyó dentro de este plazo especial, por lo que sus facultades no habían caducado. Art. 163
6. Confirmado 6 · La DGII impuso la multa del 25% sobre el impuesto omitido, conforme al artículo 253 del Código Tributario. Fundamentó la sanción en que el contribuyente presentó una declaración incorrecta al deducir costos improcedentes, lo que resultó en un pago menor del impuesto debido, sin que mediara un error excusable. Art. 253