Sentencia R1705053TM

Qué se discutió y cómo terminó

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto a pagar de $420,745.69 y multas por $223,368.52 a una empresa de estaciones de servicio. Las objeciones se basaron en la omisión de ingresos por venta de vehículos, y el rechazo de costos y gastos por falta de respaldo documental adecuado, como compras de combustible sin prueba de pago bancario, gastos de seguridad de un proveedor no autorizado, depreciaciones incorrectas y gastos de energía de locales ajenos.

Montos en disputa

1. Confirmado 1 · La DGII sostiene que la delegación de la facultad para emitir el auto de designación de auditores al Jefe de la Unidad de Investigación Penal Tributaria es legal. Se basa en el artículo 8 de su Ley Orgánica, que permite tanto al Director como al Subdirector General delegar sus facultades para optimizar la eficiencia, y que dicha delegación se formalizó mediante el Acuerdo Tres/Dos Mil Seis. Argumenta que la delegación de firma no es una transferencia de competencia y que el acto se mantiene dentro de la esfera de atribuciones del órgano delegante.
2. Confirmado 2 · La DGII argumenta que la exclusión de la supervisora es una facultad que le confiere el artículo 174 del Código Tributario. Respecto al visto bueno (VoBo) de un funcionario no designado, sostiene que dicha persona no participó en el proceso de fiscalización y su firma no vicia el informe. Sobre el requerimiento de información de 2012, justifica que fue necesario para verificar el inventario inicial de 2013, lo cual es una práctica de auditoría válida. Art. 174
3. Confirmado 3 · La DGII determinó que la sociedad omitió declarar ingresos por $159,710.00 provenientes de la venta de varios vehículos. Este hallazgo se basó en información obtenida del Registro Público de Vehículos, la cual demostró que las ventas se realizaron en el ejercicio 2013 pero no fueron registradas en la contabilidad ni declaradas por el contribuyente. Art. 1
4. Confirmado 4 · La DGII objetó costos por $1,247,056.09 por compras de combustible a partes relacionadas. La objeción se basa en que las operaciones superaban los 25 salarios mínimos mensuales y el contribuyente no demostró haber pagado mediante cheque, transferencia, tarjeta, ni formalizó las operaciones (como compensación de deudas) en un contrato escrito, incumpliendo el artículo 29-A numeral 23) de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
5. Confirmado 5 · La DGII objetó la deducción de $60,276.41 en concepto de mermas por evaporación de combustible. Sostiene que no existe una norma expresa en la Ley de Impuesto sobre la Renta que permita reconocer este tipo de pérdidas como un costo deducible. La Dirección de Hidrocarburos y Minas confirmó que no existe base legal para certificar dichas pérdidas. Art. 28
6. Confirmado 6 · La DGII objetó gastos por $26,116.01 por servicios de vigilancia, ya que el contribuyente no demostró la existencia efectiva de la operación, como lo exige el artículo 29-A numeral 15) literal b) de la Ley de Impuesto sobre la Renta. La investigación reveló que la empresa proveedora no tenía autorización para operar como agencia de seguridad desde 2011 y el contribuyente no pudo probar el pago de los servicios.
7. Confirmado 7 · La DGII objetó gastos de energía eléctrica por $7,541.27. Aunque las facturas estaban a nombre del contribuyente, el servicio fue suministrado en una estación de servicio que no era operada por él y de la cual no obtenía ingresos. Por lo tanto, el gasto no era necesario para la producción de su renta o la conservación de su fuente. Art. 28
8. Confirmado 8 · La DGII objetó $126,088.50 en gastos de depreciación por diversas razones: algunos activos no eran necesarios para generar renta, otros carecían de documentación de soporte (remodelaciones, vehículos), algunos vehículos ya habían sido vendidos en el ejercicio anterior (2012), y otros bienes ya estaban completamente depreciados. Art. 30
9. Confirmado 9 · La DGII determinó una ganancia de capital no declarada por la venta de un cabezal y remolque, y como consecuencia de todos los ajustes, extinguió el saldo a favor declarado por el contribuyente. Además, impuso una multa por evasión intencional debido a la omisión de ingresos y otra por no proporcionar información solicitada en dos requerimientos específicos. Art. 14