Sentencia R1305033TM

Qué se discutió y cómo terminó

El contribuyente, una empresa de telecomunicaciones, apeló una liquidación de Impuesto sobre la Renta en la que la DGII objetó gastos por servicios de un no domiciliado (sin retención), depreciación (sin prueba de propiedad) y otros gastos operativos (por falta de materialización). El Tribunal confirmó las objeciones por la falta de retención y la falta de prueba de propiedad de los activos, pero revocó la objeción sobre los gastos operativos debido a que la DGII actuó con falta de congruencia y claridad en sus fundamentos, violando la seguridad jurídica del contribuyente. En consecuencia, se modificó el impuesto y la multa a pagar.

Montos en disputa

1. Confirmado 1 · La DGII actuó bajo la premisa de que la delegación de firma del Director General a la Jefatura de la Unidad de Audiencia y Tasaciones es un acto legal y válido para emitir la resolución de liquidación de impuestos.
2. Confirmado 2 · La DGII sostuvo que los servicios de transmisión de datos (ancho de banda) contratados con un proveedor no domiciliado, aunque se presten desde el exterior, son 'utilizados' en El Salvador. Esto se debe a que el contribuyente los necesita para prestar sus propios servicios a clientes locales. Conforme al artículo 16 de la Ley de ISR, esto califica la renta como de fuente salvadoreña y sujeta a la retención del 20%.
3. Revocado 3 · La DGII objetó gastos por compra de materiales, comisiones, publicidad y honorarios, argumentando que, a pesar de contar con los documentos formales (facturas, registros contables), el contribuyente no demostró la existencia real y efectiva (materialización) de las operaciones. La DGII exigió pruebas adicionales que, a su juicio, no fueron proporcionadas satisfactoriamente.
4. Confirmado 4 · La DGII rechazó la deducción de gastos de depreciación porque el contribuyente no presentó los documentos de compra (facturas) que acreditaran la propiedad de los bienes depreciados, un requisito indispensable según la ley.
5. Parcial 5 · La DGII impuso una multa del 25% sobre el impuesto determinado, conforme al artículo 253 del Código Tributario, por considerar que el contribuyente presentó una declaración incorrecta que resultó en un pago menor del impuesto debido.
6. Confirmado 6 · La DGII impuso una multa basada en el artículo 241 letra a) del Código Tributario, debido a que el contribuyente no proporcionó de forma completa la información y documentación que le fue requerida durante el proceso de fiscalización, específicamente sobre contratos y detalles de servicios con ciertos proveedores.