Sentencia R2008002TM

Qué se discutió y cómo terminó

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta a pagar de $941,188.97 y multas asociadas. La controversia se centró en la objeción de gastos por $3,137,296.58 en concepto de incentivos, los cuales el contribuyente no pudo documentar adecuadamente durante la fiscalización, al basar su deducción en provisiones sin aportar una conciliación clara con el gasto real. El Tribunal rechazó las pruebas presentadas en apelación por ser extemporáneas y por no tener facultades para realizar una nueva fiscalización.

Montos en disputa

1. Confirmado 1 · La DGII objetó la deducción de $3,137,296.58 en gastos por incentivos, argumentando que no estaban debidamente documentados. Sostuvo que la contribuyente soportó el gasto en provisiones basadas en hojas de cálculo simples y correos electrónicos, sin proporcionar una conciliación fehaciente entre los montos provisionados y el costo real de los bienes efectivamente entregados a las consejeras. Art. 28
2. Confirmado 2 · La DGII sostuvo que su facultad para liquidar el impuesto no había caducado. Argumentó que los plazos legales fueron suspendidos por los decretos legislativos emitidos durante la pandemia de COVID-19 (del 14 de marzo al 10 de junio de 2020), por lo que la notificación de la resolución el 15 de julio de 2020 se realizó dentro del plazo legal extendido. Art. 175
3. Confirmado 3 · La DGII impuso una multa por evasión no intencional como consecuencia directa de la determinación de un impuesto a pagar ($941,188.97) por la deducción improcedente de gastos. La conducta se adecúa al tipo infractor del artículo 253 del Código Tributario al haber presentado una declaración incorrecta que resultó en un menor pago de impuesto. Art. 253
4. Confirmado 4 · La DGII sancionó a la contribuyente por entregar fuera de plazo la información solicitada en los numerales 2 y 3 del requerimiento 20504-NEX-0382-2019. La DGII consideró que el tiempo otorgado, incluyendo una prórroga, fue suficiente y que la complejidad de los sistemas de la empresa no constituye una causa de imposibilidad material que la exima de responsabilidad.