Sentencia 002-0823

Qué se discutió y cómo terminó

El contribuyente, una empresa de aceites y lubricantes, apeló una resolución de la DGII que objetó la deducción de créditos fiscales de IVA por USD 107,403.76, correspondientes a cinco proyectos de activo fijo. La DGII argumentó que los gastos correspondían a la construcción de bienes inmuebles, mientras que el contribuyente sostuvo que los activos mantenían su individualidad. El TAIIA, tras una inspección in-situ, modificó la resolución, aceptando la deducción para los proyectos de tuberías y sistemas de monitoreo, pero confirmando la objeción para la construcción de un taller y un sistema contra incendios, reduciendo la deuda tributaria a USD 11,448.16.

Montos en disputa

1. Confirmado 1 · La DGII defendió la validez del acto, argumentando que la Jefa de la Unidad de Audiencia y Tasaciones actuó bajo una delegación de competencia válida, conforme al artículo 8 de su Ley Orgánica y el artículo 43 de la LPA. Sostuvo que no se trataba de una simple delegación de firma, sino de una delegación de funciones que le permitía emitir resoluciones definitivas. Art. 8
2. Confirmado 2 · La DGII sostuvo que su facultad para fiscalizar no había caducado. Se basó en el artículo 175, inciso segundo, del Código Tributario, que establece que la caducidad no opera cuando los contribuyentes reclaman remanentes de crédito fiscal, como fue el caso de la sociedad en sus declaraciones de 2018. Art. 175
3. Parcial 3 · La DGII objetó créditos fiscales de IVA por un total de $107,403.76, provenientes de cinco proyectos de activo fijo. Sostuvo que las compras de bienes y servicios se destinaron a la construcción de edificaciones nuevas o mejoras adheridas permanentemente a un inmueble, lo cual hace que el crédito fiscal no sea deducible según los artículos 65 y 65-A de la Ley de IVA. Art. 65
4. Confirmado 4 · La DGII negó haber violado principio alguno. Afirmó que su actuación se apegó estrictamente al Principio de Legalidad, buscó la Verdad Material a través de la fiscalización, respetó la Capacidad Económica al aplicar la ley y garantizó el Debido Proceso al otorgar audiencia y oportunidad de defensa.