Sentencia R2111002TM

Qué se discutió y cómo terminó

Un contribuyente dedicado a la compraventa de chatarra fue fiscalizado por la DGII, la cual objetó la totalidad de su costo de venta por falta de documentos de respaldo y sus gastos de administración por no haber realizado las retenciones de ley. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de impuesto y las multas impuestas por la DGII, estableciendo que la carga de probar las deducciones recae en el contribuyente y que el cumplimiento de requisitos formales, como la documentación y las retenciones, es indispensable para su validez.

Montos en disputa

1. Confirmado 1 · La DGII objetó la totalidad del costo de venta por $449,846.10, correspondiente a la compra de chatarra, debido a que el contribuyente no presentó ningún documento de respaldo que amparara dichas adquisiciones. La falta de documentación incumple los requisitos legales para la deducibilidad de costos. Art. 28
2. Confirmado 2 · La DGII objetó $18,000 en gastos de administración. De estos, $12,000 correspondían a salarios sobre los cuales no se enteraron las retenciones de seguridad social y previsionales, y $6,000 a alquiler de local sobre el cual no se efectuó ni enteró la retención de Impuesto sobre la Renta.
3. Confirmado 3 · La DGII impuso una multa por no enterar el anticipo a cuenta mensual del Impuesto sobre la Renta. La sanción se calculó con base en el 75% de la suma dejada de enterar, según el artículo 247 literal a) del Código Tributario. Art. 151
4. Confirmado 4 · La DGII impuso una multa por evasión no intencional, equivalente al 25% del impuesto determinado, debido a que el contribuyente declaró incorrectamente su impuesto al deducir costos y gastos improcedentes. Art. 253
5. Confirmado 5 · La DGII emitió la resolución final más de 9 meses después de iniciar la fase de audiencia y apertura a pruebas. El contribuyente alegó que esto violaba el plazo máximo del artículo 89 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), por lo que el procedimiento había caducado. Art. 163
6. Confirmado 6 · El contribuyente alegó que el informe de auditoría era nulo porque fue firmado por la Jefa de la Oficina Regional de Occidente, quien no estaba formalmente designada en el auto que nombró al equipo de auditores.
7. Confirmado 7 · El contribuyente argumentó que la DGII debió aplicar una base presunta según el Art. 199-A del Código Tributario para estimar una utilidad razonable, en lugar de rechazar todos sus costos. También se quejó de que la DGII no realizó las compulsas que solicitó para verificar su situación patrimonial. Art. 199-A
8. Confirmado 8 · El contribuyente alegó que el impuesto determinado de $138,017.12 era confiscatorio, ya que absorbía la totalidad de su patrimonio personal, lo cual está prohibido por el artículo 106 de la Constitución.