Sentencia R1205048TM

Qué se discutió y cómo terminó

El Tribunal analiza un recurso contra una resolución de la DGII que determinó Impuesto sobre la Renta y una multa por evasión intencional a una empresa constructora. Los principales puntos de controversia son el rechazo de costos por no estar registrados en la contabilidad de la contribuyente, y la reclasificación de un contrato de promesa de venta como arrendamiento gravado. El Tribunal modifica parcialmente la resolución, aceptando la deducibilidad de una pérdida operativa pero confirmando los demás hallazgos de la DGII, ajustando así el impuesto y la multa a pagar.

Montos en disputa

1. Confirmado 1 · La DGII rechazó costos y gastos por $1,848,930.78 asociados a la venta de 92 inmuebles del proyecto. El rechazo se fundamentó en que la documentación de respaldo no se encontraba en la contabilidad de la contribuyente, sino en la de un 'Consorcio OC', incumpliendo el requisito de tener soporte documental en sus propios registros.
2. Revocado 2 · La DGII determinó ingresos por la participación del 20% en la venta de viviendas, pero solo aceptó costos hasta el monto de dichos ingresos. Rechazó el costo excedente de $25,115.49, calificándolo como una 'pérdida de capital' no deducible según el Art. 29-A num. 10 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
3. Confirmado 3 · La DGII determinó rentas gravadas no declaradas por $9,652.03, provenientes de cuotas por servicios de mantenimiento de red y comisiones por colecturía. Estos ingresos estaban documentados con Facturas de Consumidor Final y registrados en el Libro de Ventas, pero fueron omitidos en la declaración de Renta.
4. Confirmado 4 · La DGII recalificó un 'Contrato de Promesa de Venta' como un 'Arrendamiento con Promesa de Venta'. Argumentó que la realidad económica de la operación, evidenciada por la entrega del uso y goce del bien y cláusulas de no restitución de pagos en caso de incumplimiento, correspondía a un servicio de arrendamiento, por lo que los pagos recibidos eran renta gravada.
5. Confirmado 5 · La contribuyente alegó que el Subdirector de Medianos Contribuyentes actuó sin la debida delegación para emitir el auto de audiencia y apertura a pruebas, argumentando que dicha facultad es propia del Subdirector General y no podía ser delegada por el Director General.
6. Revocado 6 · La DGII, en su liquidación, listó la cantidad de $2,177.00 en concepto de reserva legal como una deducción, pero no la restó efectivamente al realizar el cálculo de la renta neta imponible.
7. Parcial 7 · La contribuyente argumentó que, al ser ilegal el impuesto determinado, la multa accesoria también lo era.