Sentencia R2112013TM

Qué se discutió y cómo terminó

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta omitido por ganancia de capital en la venta de un inmueble y las multas correspondientes. Se desestiman los argumentos del contribuyente sobre caducidad, la necesidad de un juicio de lesividad para revocar un acto de archivo previo y la supuesta doble sanción (non bis in idem), al considerar que las actuaciones de la DGII se ajustaron a derecho y a las sentencias de la Sala de lo Constitucional.

Montos en disputa

1. Confirmado 1 · La DGII sostuvo que su facultad no había caducado. Argumentó que el plazo se interrumpió con la notificación del auto de designación de auditores y que, aunque el proceso fue suspendido por el Decreto Legislativo 127, una sentencia posterior de la Sala de lo Constitucional (Ref. 96-2014) habilitó la reanudación de los procesos por 92 días adicionales, plazo dentro del cual se emitió la resolución final. Art. 175
2. Confirmado 2 · La DGII defendió que el auto que archivó el proceso no era un 'acto favorable' que generara derechos, sino una nota interna en cumplimiento de una ley (Decreto 127) que luego fue declarada inconstitucional. Por tanto, al revocar dicho auto para cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenaba reanudar los procesos, no era necesario un juicio de lesividad. Art. 93
3. Confirmado 3 · La DGII determinó un impuesto sobre la renta por una ganancia de capital obtenida en la venta de un inmueble. La administración calculó la ganancia restando el costo de adquisición (valor de herencia) del precio de venta, basándose en información del Centro Nacional de Registros, ya que el contribuyente no respondió a los requerimientos de información. Art. 14
4. Confirmado 4 · La DGII justificó la imposición de ambas multas argumentando que sancionan infracciones distintas e independientes, conforme al artículo 227 del Código Tributario. Una multa (Art. 238 CT) castiga el incumplimiento de una obligación formal (no presentar la declaración), mientras que la otra (Art. 254 CT) castiga la evasión del impuesto, una obligación sustantiva. Art. 238
5. Confirmado 5 · La DGII impuso la multa por el incumplimiento del contribuyente de presentar la información y documentación requerida durante la fiscalización. La cuantía se fijó en nueve salarios mínimos mensuales, de acuerdo con la ley. Art. 241-A