Sentencia R1105019TM

Qué se discutió y cómo terminó

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta de $2.46 millones y una multa de $617 mil a una empresa de telecomunicaciones. La controversia se centró en el rechazo de la deducción de costos por $9.87 millones pagados a proveedores no domiciliados por servicios de interconexión internacional, debido a que la empresa no les retuvo el 20% de impuesto sobre la renta. El Tribunal sostuvo que, aunque la infraestructura estuviera en el exterior, los servicios se 'utilizan' en El Salvador, lugar donde se origina la llamada y se obtiene el beneficio, haciendo obligatoria la retención.

Montos en disputa

1. Confirmado 1 · La DGII objetó la deducción de $9,874,916.10 en costos por servicios de interconexión internacional pagados a proveedores no domiciliados. Sostuvo que, aunque los servicios se presten desde el exterior, son "utilizados" en El Salvador, generando renta de fuente salvadoreña. Por lo tanto, la contribuyente estaba obligada a retener el 20% de Impuesto sobre la Renta (ISR) y, al no hacerlo, el gasto se vuelve no deducible según el Art. 29-A numeral 12) de la Ley de ISR. Art. 16
2. Confirmado 2 · La DGII justificó la denegación de acceso a las "libretas de trabajo" de los auditores, afirmando que son apuntes internos no vinculantes y no forman parte del expediente administrativo oficial, al cual sí se le dio acceso. Respecto a una fiscalización anterior (2005) sin objeciones, la DGII sostuvo que cada auditoría es independiente y no genera un precedente vinculante. Art. 35
3. Confirmado 3 · La DGII afirmó haber respetado el debido proceso, realizando requerimientos de información específicos sobre los distintos servicios contratados. Sostuvo que la objeción se basó en que la contribuyente no aportó pruebas suficientes para demostrar que servicios como "enlaces dedicados" o "renta de satélites" fueran utilizados exclusivamente en el extranjero. Art. 203
4. Confirmado 4 · La DGII defendió su actuación como apegada a la ley y a los principios constitucionales. Argumentó que el impuesto se determinó sobre la base de la ley, rechazando costos que no cumplían los requisitos legales, lo cual es consistente con el principio de capacidad contributiva. La afectación al patrimonio es una consecuencia normal del pago de tributos y no una confiscación.
5. Confirmado 5 · La DGII justificó la multa argumentando que la presentación de una declaración incorrecta que resulta en un menor pago de impuesto configura la infracción de evasión no intencional, tipificada en el artículo 253 del Código Tributario. Sostuvo que para las personas jurídicas, la responsabilidad es objetiva según la ley tributaria. Art. 253