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HazConta Leyes
Modificatorio IVA Notificada el 19 de diciembre de 2023

Sentencia I2307001M

Cuando la Administración Tributaria recibe un mandato judicial para investigar y determinar hechos específicos, la carga de la prueba recae sobre ella. Si la Administración no logra cumplir con su deber de investigación, no puede trasladar dicha carga al contribuyente ni aplicar la consecuencia más gravosa; de hacerlo, su actuación será declarada ilegal.

Este caso en cifras

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Qué se discutió y cómo terminó

El caso trata sobre el tratamiento de IVA para la venta de combustible a barcos no domiciliados. La DGII, en cumplimiento de una sentencia judicial, debía determinar qué porción del combustible se consumió dentro y fuera de El Salvador, pero concluyó erróneamente que no podía hacerlo y trasladó la carga de la prueba al contribuyente, manteniendo la objeción al crédito fiscal. El TAIIA determinó que la DGII cumplió de forma ilegal el mandato judicial, revocó el ajuste al remanente de crédito fiscal del contribuyente, pero confirmó multas por incumplimientos formales no relacionados.

Qué deja este caso

Cuando la Administración Tributaria recibe un mandato judicial para investigar y determinar hechos específicos, la carga de la prueba recae sobre ella. Si la Administración no logra cumplir con su deber de investigación, no puede trasladar dicha carga al contribuyente ni aplicar la consecuencia más gravosa; de hacerlo, su actuación será declarada ilegal.

Montos en disputa

$6,346.16

multa

$3,355,645.82

crédito fiscal objetado

$6,346.16

total en disputa

Cómo resolvió el Tribunal, punto por punto

  1. Revocado 1 · La DGII sostuvo que, al no poder determinar la cantidad de combustible consumido dentro y fuera de las aguas territoriales, y ante la falta de pruebas por parte del contribuyente, toda la venta debía considerarse como una operación interna gravada con 13% de IVA. Argumentó que la carga de la prueba recaía en el contribuyente para demostrar qué porción fue consumida en el exterior.
  2. Confirmado 2 · La DGII defendió que no se trataba de una nueva fiscalización que requiriera una fase de audiencia y pruebas según el Art. 186 CT. Sostuvo que su actuación se limitó a ejecutar una orden de la Sala de lo Contencioso Administrativo para emitir una nueva liquidación bajo parámetros específicos, por lo que no había omisión de procedimiento.
  3. Confirmado 3 · La DGII sostuvo que la caducidad no era aplicable por dos razones: primero, porque no se estaba iniciando un nuevo procedimiento de fiscalización, sino cumpliendo una sentencia judicial. Segundo, porque el Art. 175 CT establece que la caducidad no opera cuando los contribuyentes reclaman derechos como remanentes de crédito fiscal.
  4. Confirmado 4 · La DGII impuso cuatro multas relacionadas con el período de noviembre de 2006: por no presentar la declaración en plazo, por retener y enterar extemporáneamente, por percibir y enterar extemporáneamente, y por remitir tardíamente el informe de retenciones.
  5. Confirmado 5 · La DGII respondió que no existía una duda que resolver, sino una falta de prueba por parte del contribuyente para sustentar su reclamo, por lo que el principio no era aplicable.