Sentencia C1112013M

Qué se discutió y cómo terminó

La Administración Tributaria (DGII) impuso una multa de $808,230.55 a un contribuyente por no proporcionar de forma completa la información solicitada durante un proceso de fiscalización. El contribuyente apeló argumentando que los plazos eran irrazonables, los requerimientos excesivos y la multa confiscatoria. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) confirmó la sanción, determinando que el contribuyente incumplió su obligación legal de informar, no justificó su falta de respuesta y que la actuación de la DGII fue legal y proporcional.

Montos en disputa

1. Confirmado 1 · La DGII defendió que la potestad de fijar plazos para la entrega de información es una facultad discrecional otorgada por ley, no arbitraria, y necesaria para la gestión administrativa. Argumentó que el contribuyente tuvo un plazo amplio (96 días hábiles en total) y no justificó la imposibilidad de entrega ni solicitó prórroga, demostrando una actitud pasiva. Art. 120
2. Confirmado 2 · La DGII sostuvo que el procedimiento se apegó al artículo 260 del Código Tributario, garantizando el derecho de audiencia. Afirmó que la Sección de Incumplimientos Tributarios es la unidad competente para valorar las pruebas en estos procedimientos, según normativa interna, y que las pruebas presentadas por el contribuyente no desvirtuaban el incumplimiento específico. Art. 260
3. Confirmado 3 · La DGII rechazó el argumento de confiscatoriedad, afirmando que la multa se aplicó conforme a los parámetros del Art. 241 del Código Tributario. Defendió la naturaleza objetiva de las infracciones tributarias formales, donde el incumplimiento de la obligación es suficiente para configurar la infracción, sin necesidad de probar dolo o culpa.