Sentencia A1710009M
Es fundamental proporcionar toda la documentación de respaldo de manera clara, completa y oportuna durante la fiscalización. No hacerlo desde el inicio, aunque se pueda corregir después, puede provocar procedimientos sancionadores costosos y prolongados basados en conclusiones erróneas de la autoridad fiscalizadora.
Este caso en cifras
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Qué se discutió y cómo terminó
El Tribunal de Apelaciones revocó dos multas millonarias impuestas por la Dirección de Aduanas a una empresa. La primera multa, por 'entorpecimiento', fue anulada por una incorrecta tipificación de la conducta, ya que no entregar información no equivale a obstaculizar activamente. La segunda multa, por 'no conservar información', se revocó porque la Aduana no investigó a fondo las explicaciones del contribuyente sobre sus sistemas de archivo, incumpliendo así el principio de verdad material.
Qué deja este caso
Es fundamental proporcionar toda la documentación de respaldo de manera clara, completa y oportuna durante la fiscalización. No hacerlo desde el inicio, aunque se pueda corregir después, puede provocar procedimientos sancionadores costosos y prolongados basados en conclusiones erróneas de la autoridad fiscalizadora.
Montos en disputa
$4,155,288.94
multa
$4,155,288.94
total en disputa
Cómo resolvió el Tribunal, punto por punto
- Revocado 1 · La Dirección General de Aduanas (DGA) sancionó a la empresa por entorpecimiento a la labor de fiscalización, argumentando que no fue un solo acto, sino una serie de acciones que dificultaron el control del régimen de admisión temporal. Sostuvo que la documentación presentada no fue idónea para verificar las cancelaciones y que la presentación de nueva y voluminosa prueba en la etapa de audiencia fue una táctica dilatoria que también constituyó entorpecimiento.
- Revocado 2 · La DGA impuso una multa por no conservar la información por el plazo legal de cinco años, específicamente para 18 declaraciones de importación de hilaza. Basó su acusación en correos electrónicos internos de la empresa que sugerían que la información del sistema TTS se eliminaba después de 3 o 4 meses, y en que la empresa no proporcionó un archivo digital que probara la conservación de la información.
Los 2 puntos del caso: qué objetó la DGII, qué respondió el contribuyente y cómo decidió el Tribunal
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