Sentencia A1301025TM

Qué se discutió y cómo terminó

La Dirección General de Aduanas fiscalizó a una empresa bajo el régimen de Depósito para Perfeccionamiento Activo, determinando impuestos y multas por mercancías con plazo de permanencia vencido, faltantes y excedentes de inventario. El contribuyente apeló argumentando un plazo de permanencia mayor y justificaciones para las discrepancias. El Tribunal confirmó la mayor parte de la determinación de impuestos, basándose en la prevalencia de la normativa regional (CAUCA/RECAUCA) que establece un plazo de 12 meses, pero revocó una de las multas por una incorrecta tipificación de la infracción por parte de la autoridad aduanera.

Montos en disputa

1. Parcial 1 · La Dirección General de Aduanas (DGA) determinó que la empresa tenía mercancías cuyo plazo de permanencia de 12 meses bajo el régimen de admisión temporal había vencido. Consideró que esto convertía las mercancías en importadas definitivamente, generando la obligación de pagar impuestos y una multa por la infracción del artículo 8 letra b) de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras (LESIFA), por obtener beneficios indebidamente.
2. Confirmado 2 · La DGA detectó faltantes de mercancías en el inventario físico de la empresa. Aplicando una presunción legal del artículo 9 de la LESIFA, consideró que estos bienes fueron transferidos (vendidos) en el mercado local sin autorización ni pago de impuestos, lo que constituye la infracción del artículo 8 letra f) de la misma ley.
3. Confirmado 3 · La DGA determinó que la empresa realizó descargos de mercancías de declaraciones de importación cuyos saldos ya estaban agotados. Esto implicó que se transfirieron mercancías en exceso que nunca fueron sometidas a un régimen aduanero legal, constituyendo una inexactitud en la declaración que causó una incorrecta liquidación de impuestos, infracción tipificada en el artículo 8 letra a) de la LESIFA.
4. Confirmado 4 · La DGA defendió la aplicación de multas del 200% y 300% argumentando que su imposición es una potestad reglada, es decir, está obligada a aplicar la sanción cuantitativa exacta que establece el artículo 10 de la LESIFA para las infracciones cometidas.
5. Confirmado 5 · La DGA sostuvo que no se violó el derecho de contradicción, ya que el contribuyente tuvo múltiples oportunidades para presentar pruebas y alegatos. Consideró que las diligencias probatorias solicitadas (peritaje y requerimiento a la Fiscalía) eran innecesarias, redundantes o responsabilidad del propio contribuyente.