Sentencia A1007003TM

Qué se discutió y cómo terminó

Un importador aplicó exenciones arancelarias a mercancías de Guatemala basándose en un certificado de origen (FAUCA) del exportador. La Dirección de Aduanas, al no poder verificar el origen por falta de colaboración del exportador, determinó el pago de los impuestos omitidos (DAI e IVA) y una multa. El Tribunal de Apelaciones confirmó el cobro de los impuestos pero revocó la multa, al considerar que el importador actuó de buena fe y no tuvo culpabilidad en la infracción, ya que la responsabilidad de probar el origen recaía en el exportador.

Montos en disputa

1. Confirmado 1 · La DGII sostiene que la resolución de origen estaba firme en la vía administrativa al ser confirmada por el TAIIA. Dado que la Sala de lo Contencioso Administrativo no ordenó la suspensión de sus efectos como medida cautelar, el acto era plenamente ejecutable, por lo que era procedente iniciar el proceso de fiscalización y determinación de impuestos. Art. 17
2. Confirmado 2 · La DGII argumenta que el plazo para la fiscalización y la determinación de impuestos es de cinco años, según el artículo 14 de la Ley de Simplificación Aduanera. Sostiene que el artículo 62 del CAUCA permite que la legislación nacional establezca un plazo mayor al de cuatro años, y que la facultad de liquidación sigue la misma suerte que la de fiscalización, por lo que la actuación se realizó dentro del plazo legal.
3. Confirmado 3 · La DGII defiende la competencia del Subdirector General. Cita el artículo 9 letra e) de la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas, que le atribuye directamente la facultad de emitir resoluciones administrativas como parte de sus funciones de seguimiento y control, sin necesidad de una delegación o de actuar en sustitución del Director General.
4. Revocado 4 · La DGII considera que el contribuyente actuó con culpa al ser responsable de la correcta determinación tributaria y no haberse asegurado de que los productos cumplían con las reglas de origen antes de solicitar el beneficio arancelario. Sostiene que el gozar de una exención indebida configura la antijuridicidad de la conducta y justifica la sanción.